El Estado ecuatoriano enfrenta varios juicios internacionales que responden a decisiones tomadas en gobiernos anteriores que, en caso de perderlos todos, le significaría al país el pago de más de 57 mil millones de dólares.
Este valor equivale a casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del 2022, que asciende a 113 millones. La información la proporcionó Íñigo Salvador, procurador general del Estado.
El funcionario presentó este jueves, 29 de septiembre de 2022, el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que tiene como uno de sus objetivos el evitar que las acciones adoptadas por los gobernantes y que terminan en laudos arbitrales, sean asumidas por el país, pues considera que “no hay arcas fiscales que soporten semejante riesgo”.
Solo en lo que va del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, se han efectivizado dos procesos millonarios en contra del Estado ecuatoriano:
- El relacionado con la europea Perenco, a la que se le deberán pagar 374 millones de dólares.
- Por el caso Chevron Texaco, cuya sentencia de segunda instancia se emitió el pasado junio, se podría llegar a pagar 3.000 millones de dólares.
En los dos casos, la responsabilidad recae sobre el Gobierno del expresidente Rafael Correa: en cuanto a Perenco, la demanda responde a la emisión del Decreto 662, con el que se aumentó la participación del Estado en los excedentes petroleros del 50 % al 99 %; mientras que con Chevron – Texaco, la empresa reaccionó a la campaña “La mano sucia de Texaco”, impulsada por las autoridades de la época.
El procurador del Estado también se refirió a la decisión judicial que puso en libertad al exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, pese a que el exfuncionario acusado de actos de corrupción no canceló las multas y la reparación integral que se le impuso, que ascienden a 365 mil dólares de forma individual y más de 50 millones de dólares por el caso de asociación ilícita.
