La asambleísta Johanna Moreira presentó el proyecto de reformas al artículo 247 Código Orgánico Integral Penal (COIP), para tipificar los delitos contra la flora y fauna. Para ello acoge los estándares constitucionales, legales e internacionales de protección de vida silvestre.
La legisladora explicó que su propuesta busca viabilizar la aplicación de la ley penal frente a atentados contra la vida silvestre en general, imponiendo la pena máxima si estos ocurren contra la vida silvestre amenazada, endémica o migratoria.
Explicó que la reforma se ajusta a las nuevas normas sobre el comercio ilegal de vida silvestre elaborado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que en su parte sustancial promueve renovar acciones de cuidado, control y preservación de la flora y fauna silvestre que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Señaló que en el país no existe la normativa suficiente que permita disuadir del cometimiento de este delito, ya que es una práctica en todo el territorio, especialmente en las zonas fronterizas, donde existe esta diversidad de especies de vida silvestre, que están sometidos a maltrato desde su captura, comercialización y traslado.
La legisladora Moreira resaltó que Ecuador es uno de los países con más biodiverisidad del Planeta. Sin embargo, de manera análoga es uno de los países con mayor número de especies amenazadas o en peligro de extinción, pese a lo cual nuestra legislación prevé sanciones débiles para aquellos que cometen delitos e infracciones contra la vida silvestre, situación que aspira corregir con su proyecto.
Expresó su preocupación porque se han incrementado los datos de tráfico de especies silvestres, especialmente en la Amazonía, ante lo cual es responsabilidad de todas las instituciones del Estado combatir esta problemática.
