“El derecho al agua es fundamental e irrenunciable y es de uso público. ¿Qué pasa en Machala?, están siendo pisoteados los derechos de los ciudadanos”, manifestó la asambleísta Johanna Moreira Córdova, lo dijo por la contaminación del agua con arsénico en Machala, provincia de El Oro.
Esta intervención la hizo en la presentación del proyecto de resolución para que comparezcan ante el Pleno de la Asamblea varias autoridades del Gobierno y el alcalde de Machala, Darío Macas, para que expliquen las acciones que han tomado por esta problemática que viene desde hace 2 años. La resolución tuvo el respaldo de 93 votos a favor.
La legisladora orense, lamentó que los pozos tenían arsénico que puede producir cáncer y que el alcalde de Machala distribuía a gente pobre esa agua durante dos años. Añadió que los ciudadanos humildes no tienen medicinas y treinta mil habitantes están con riesgo de padecer esta enfermedad catastrófica.
FISCALIZACIÓN
Habló que cuando conoció esta anomalía, en el mes de marzo de 2022, realizó los correspondientes pedidos de información a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). “Estos informes demostraron que en los pozos de distribución y almacenamiento de agua de la ciudad de Machala existieron incumplimientos en el parámetro arsénico”, afirmó.
Recordó que se hizo un llamado a unir esfuerzos a todas las instituciones para que desde el ámbito de sus competencias se inicie acciones correctivas inmediatas, seguimiento e implementación del plan de acción.
Finalmente, denunció que ha recibido llamadas amenazantes. “Pese a las amenazas en mi contra, no cederé ante actos vergonzosos e ilegales”, culminó su intervención.
AFECTADOS
Pedro Javier Ponguillo, vicepresidente del Consejo Parroquial Puerto Bolívar y barrios de La Curva, expresó que es hora de que se ejerza un control político sobre las autoridades que tienen abandonada el agua de Machala: la gente está tomando agua con arsénico, lamentó.
De su parte, el abogado de los afectados de Puerto Bolívar, Andrés Esteban Vásquez, expuso que a través de laboratorios privados se pudo identificar que el agua no era apta para consumo humana y que la investigación en la judicial se está dilatando.
