La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibió nuevos aportes al Proyecto de Ley para la Especialización de la Justicia, iniciativa de la asambleísta por la provincia de El Oro, Johanna Moreira Córdova.
Durante la sesión de la mesa, que se desarrolló este miércoles 6 de julio de 2022, los jueces Ramiro Loayza, de Garantías Penales de Machala; y Leo Vásconez, de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, presentaron sus observaciones al proyecto.
Johanna Moreira, quien forma parte de la Comisión de Justicia manifestó que con esta iniciativa se armonizará el ordenamiento jurídico con la Constitución del Ecuador, a finde permitir una mejor y correcta aplicación de las normas por parte de los operadores de justicia en beneficio de toda la colectividad, evitando incluso conflictos entre leyes.
El proyecto consta de 17 artículos, 3 disposiciones transitorias y una reformatoria, enfocándose en tres ejes primordiales: Especialización de la Justicia. “En varios juzgados existen jueces y juezas que su perfil profesional y especialización no compaginan con la especialidad que exige la sala o Judicatura que conforman, es por ello, la necesidad de regular este tema en todas las ramas del derecho”, precisó Moreira, quien también es cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
En el segundo eje consta: Creación de judicaturas especializadas en derecho constitucional -garantías jurisdiccionales. De acuerdo a la legisladora, han existido innumerables decisiones judiciales sobre garantías jurisdiccionales, que han causado un impacto negativo en la sociedad, especialmente en la emisión de medidas cautelares y resolución de acciones de protección.
Entre tanto, el tercer eje establece: Jueces de garantías penitenciarias. Moreira explicó que la falta de jueces de garantías penitenciarias impide un flujo dinámico de resolución de controversias surgidas en el ámbito penitenciario.
Finalmente añadió que en el proyecto de ley se dispone dejar sin efecto las Resoluciones 18-2014 y 166-2019, emitidas por el Consejo de la Judicatura, que encarga funciones de garantías penitenciarias a jueces de garantías penales, cuando lo correcto es que los jueces de garantías penitenciarias, asuman competencias diferentes de los jueces de garantías penales.
