Los asambleístas Johanna Moreira (El Oro), Isabel Enrríquez (Zamora Chinchipe), y Rafael Lucero (Chimborazo), sustentaron ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, el objetivo del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para la Desconcentración Efectiva del Estado.
Esta iniciativa de ley, reforma 23 artículos, una disposición general y tres disposiciones transitorias y nueve cuerpos legales, los cuales son: Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de Cultura, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, Ley Orgánica del Servicio Público y Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas.
En su defensa, la asambleísta amazónica, Isabel Enrríquez, argumentó que, “no es posible que existan provincias con mayor número de coordinaciones zonales que otras. En la Zona 7 evidenciamos esta problemática: la provincia de Loja existe 19, en El Oro 6 y en Zamora Chinchipe 4, no existe equidad, basta de seguir alimentando al centralismo en el país”.
De su parte, Johanna Moreira, representante de la provincia de El Oro, dijo que estos cuerpos legales contienen erróneamente el concepto de niveles zonales o regionales inexistentes creados desde el 2008 y perfeccionado en años posteriores, “generando un proceso de reconcentración del poder en provincias escogidas como capitales zonales por cada Ministro o Ministra y no en función de criterios territoriales”.
Así mismo, refirió que años después se derivó en un proceso de reconcentración del poder público en nuevas capitales administrativas que emergieron como subsedes, lo cual se aleja de lo que se persigue con la desconcentración en acercar la administración a las personas.
“No es posible, que los orenses tengan que viajar a Loja o Guayaquil para poder realizar sus trámites, cuando antes se trataban en la provincia, incluso, los alcaldes deben viajar continuamente a estas dos provincias para buscar recursos del Banco de Desarrollo”, lamentó Moreira.
En cambio, Rafael Lucero, legislador por Chimborazo, manifestó que se debe evaluar los impactos en la inversión pública y el desarrollo local que provocó la zonificación administrativa del Estado, modelo que además fue acogido por otras funciones del Estado, distintas a la Ejecutiva; “vemos casos como las superintendencias, la Contraloría, entre otras”.
“Es hora de acercar la administración pública a los ciudadanos y ciudadanas; para que las autoridades nacionales de cualquier institución pública, desconcentre sus servicios, oficinas, programas y otros, en las provincias, cantones y parroquias, no en capitales zonales que más bien han alejado mucho a las provincias que no fueron escogidas; porque no deben existir capitales zonales escogidas a dedo”, comentó.
Es por ello que los tres parlamentarios plantearon esta propuesta, con el objetivo de tener un modelo alternativo de coordinación y seguimiento donde estén en entidades zonales o regionales con criterios discutidos con las autoridades locales y representantes ciudadanos.
